La obra tiene en realidad tres proyectos diferentes y actualmente se ejecuta el conocido como “Accesos al mar y equipamientos de la playa de Punta Larga” dotado con 3 millones de euros. Restan por ejecutar el proyecto “Sendero litoral La Galera – Punta Larga”, de 800.000 euros, y el de “Rehabilitación de la Playa de Punta Larga” de 19 millones de euros. Son inciertos el plazo en que se ejecute este último proyecto y la disponibilidad de los fondos con que se financie.
Para la organización ecosocialista, “mientras se prevea que la arena a emplear proceda de la que se extraiga de las hipotéticas obras del puerto de Granadilla, cuenta no sólo con el rechazo frontal de este partido, sino con la imposibilidad legal de ejecutarse al estar paralizadas dichas obras” y añaden que “la trapisonda que propone el grupo parlamentario de CC en el parlamento canario de descatalogar la seba es también ilegal al contravenir lo dispuesto en el catálogo nacional de especies protegidas y con la reciente declaración del sebadal de Granadilla como ZEC por parte del gobierno de España”.
Desde el Comité Local de esta organización en la Comarca del Sureste, se manifiesta que “estamos a favor de que se construya una playa artificial en Punta Larga porque es una zona que ya está urbanizada y degradada y porque supone una mejora en la calidad de vida de los vecinos y en la economía del municipio de Candelaria, pero no estamos de acuerdo con la forma en que la obra está siendo ejecutada por su promotor, la Demarcación de Costas de Tenerife”.
También añaden que “la obra se hace sin evaluación de impacto ambiental contraviniendo la Ley de Prevención de Impacto Ecológico de Canarias y la Ley de Costas. Al no tener condicionantes medioambientales que cumplir, el promotor no está tomando ninguna medida para impedir que se produzca turbidez en el agua del mar y quede destruida la vida marina en la zona, con graves perjuicios para el sector pesquero”, y puntualizan que “en una reunión que mantuvimos en el ayuntamiento de Candelaria el pasado 4 de noviembre, con el alcalde y con los concejales de urbanismo y de medio ambiente, esta institución se comprometió a obligar a la empresa adjudicataria a colocar en el mar una malla de retención de finos y a no emplear tierra ni revueltos como material de relleno, sin que hasta la fecha esos compromisos se hayan cumplido”.
Sí se puede propone que “la arena a emplear en la construcción de la playa en ese tercer proyecto (no es correcto llamarlo rehabilitación porque nunca ha habido playa de arena con anterioridad) debe ser negra y gruesa procedente de machaqueo para no causar impacto en otros fondos marinos de los que se extrajera y consideramos que si nunca hasta ahora el mar depositó arena fina en esta costa es porque la dinámica de corrientes no lo favorece”, y advierten que “la arena fina que se depositara de forma artificial sería fácilmente removida por el mar”.
Ante las informaciones tendenciosas que de forma anónima y amparándose en las siglas de un pseudopartido político, ha hecho circular un personaje que en su día defendió la actuación de la Demarcación de Costas en el derribo de Cho Vito, Sí se puede manifiesta que “la obra de la Playa de Punta Larga no está adjudicada a las empresas del constructor Plasencia, sino a Corsan Corviran y al mismo tiempo consideramos que el chalet que el mencionado empresario posee en esta zona de costa, independientemente de si la obra se ejecuta o no, debe ser demolido por invadir dominio público marítimo-terrestre, aplicando la misma legalidad que la Demarcación de Costas de Tenerife, promotor de estas obras, de forma tan drástica aplicó en el poblado de Cho Vito”.
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