Sí se puede denuncia que la Ley de Participación Ciudadana propuesta por el Gobierno de Canarias no vincula ni compromete a las instituciones públicas

El texto para la nueva Ley de Participación Ciudadana no supone ningún avance en las obligaciones que debe contraer la Administración pública para garantizar que las aportaciones de la ciudadanía sean tenidas en cuenta y favorecer la participación.
Que las dos últimas Iniciativas de Ley Popular presentadas al Parlamento, ambas avaladas por muchas miles de firmas, no hayan sido tomadas en consideración para su debate en el Parlamento de Canarias, son para Sí se puede muestras evidentes del gran descontento social en Canarias, que viene aumentando a medida que pasan los años y puede llevar a que nuestra sociedad no crea en la participación ciudadana a no ser emprendedora y a desentenderse de toda cuestión política.
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Además de estos últimos ataques a la participación ciudadana, la organización de izquierda y ecologista denuncia que el Gobierno Canario está impartiendo unas jornadas informativas por las cuales quiere pasar “deprisa y corriendo”. Para esta formación política, la reunión informativa mantenida en Candelaria por los técnicos del Gobierno de Canarias puso de manifiesto el desinterés subyacente en esta nueva Ley.
A esta reunión asistió Sí se puede y manifestó sus aportaciones para lograr un avance real en la participación democrática, que en primer lugar pasa porque las Iniciativas de Ley Popular que lleguen al Parlamento, y por lo tanto hayan superado el trámite de aprobación por parte del Consejo Consultivo, sean debatidas; de lo contrario ‘la clase política’ estaría dando más que sobradas razones para desmotivar la participación de la ciudadanía.
Para Sí se puede, además se debería garantizar la obligatoriedad de la participación efectiva en la elaboración previa y aprobación definitiva de los Planes Generales de Ordenación; la reflexión sobre las reivindicaciones expuestas a pie de calle (a través de manifestaciones, concentraciones, etc.); el estudio de las propuestas y aportaciones realizadas por los colectivos, a las que se debe dar respuesta argumentada; la planificación democrática de los temas que interesan a la ciudadanía, como la ejecución de presupuestos participativos y sobre todo, la consulta previa, con plenas garantías de información sobre días de reunión y contenidos, a la elaboración de proyectos, planes y programas, además de una respuesta bien argumentada, y anterior a su decisión final, con posibilidad de réplica.